El equipo de gobierno califica de ‘total coincidencia’ que la compañía que ha suscrito la opción de compra esté vinculada al marido de Cospedal

Un informe mercantil califica a Renta Corporación Core Business con un 1 sobre 10 con una ‘situación muy próxima a la insolvencia’ y con un crédito comercial recomendado de 8.500 euros cuando la operación se ha cifrado en 21 millones

Ángel Pérez tilda de ‘abuso’ la actitud de la EMVS y pide al Ayuntamiento ‘tratar solamente con empresas solventes y libres de toda sospecha’

El equipo de gobierno firmó el pasado 18 de octubre una opción de compra para vender a una empresa privada con alto grado de insolvencia cinco edificios de viviendas sociales en el centro de Madrid. Para ello pretende desalojar a 120 inquilinos con contrato en vigor y mandarlos a distritos muy alejados de donde tienen su vida hecha desde hace más de veinte años. De hecho ya se les ha enviado una carta para que dejen libre la vivienda el 13 de diciembre.

Este ‘abuso’ ha sido denunciado hoy en la Comisión de Urbanismo por el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, quien detalló además algunos aspectos de Renta Corporación Core Business, la empresa interesada, recogidos en un informe mercantil. En él, de cero a diez, se califica con un uno a la compañía lo que significa “situación muy próxima a situación de insolvencia. Riesgo muy elevado de impago”. 

Además de ello, Pérez recordó la vinculación de Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como consejero externo del socio único de esta compañía; algo que no entró a juzgar y que el equipo de gobierno, a través del responsable de la EMVS, Fermín Oslé, tildó de “total coincidencia”. El presidente eludió entrar en la solvencia de la empresa con el argumento de que no se levanta por la mañana mirando la situación de las mismas. “Al menos debería hacerlo con aquellas con las que firma una opción de compra para desalojar a cientos de vecinos”.

“En todo caso, sugirió Pérez, ustedes deberían intentar tratar solamente con empresas solventes y que no estén bajo sospecha”. El portavoz de IU apuntó que “el único objetivo de esta operación es hacer caja aunque sea a costa de desarraigar a vecinos que llevan toda la vida en su barrio”.