IU establece los servicios de emergencia, las políticas sociales y las escuelas infantiles como irrenunciables ante la posibilidad de que la reforma de la Ley de Bases se los asigne a las comunidades autónomas

El portavoz también propone un acuerdo con los bancos para que sus viviendas vacías se pongan a precios de alquiler asequible para poner en marcha una ‘política ejemplarizante’ frente a los desahucios

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El portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Pérez, propuso a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que “el Ayuntamiento asuma como competencia delegada los servicios más cercanos al ciudadano que, por la reforma de la Ley de Bases, pudieran quedar bajo la tutela de las comunidades autónomas”. En concreto Pérez aludió, durante la reunión de trabajo a los servicios de emergencia (Samur), las políticas sociales y las escuelas infantiles que deberían a su juicio ser prestados desde el ámbito municipal previa transferencia de la financiación por parte de los gobiernos regionales.

Otra de las iniciativas planteadas durante este encuentro, surgido a raíz del envío de una carta el pasado 28 de noviembre a la alcaldesa para buscar alternativas a la salida de la crisis, fue “sentarse con los bancos para llevar a cabo una política ejemplarizante ante los desahucios que posibilite acuerdos con las entidades financieras para que pongan sus inmuebles vacíos en alquiler con precios asequibles subvencionados tanto por los bancos como por los ayuntamientos”.

Pérez abogó por “la continuidad de la EMVS” por entender que la política de vivienda se entiende mejor desde los ayuntamientos “y la empresa municipal debe ser pieza fundamental en ella como lo ha sido hasta hace unos años”. Ángel Pérez, que calificó la cita como cordial desde presupuestos ideológicos muy diferentes, también expresó al equipo de gobierno, representado también por la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, la “necesidad de un nuevo modelo de financiación sustentado en que la inversión en Madrid, por su proyección, redunda en todo el estado”.

“Desde Izquierda Unida hemos calculado que un nuevo modelo de ingresos y gastos podría generar hasta 500 millones de euros, que es la cifra que el Grupo Municipal baraja como gastos llamados impropios que hoy desembolsa el Ayuntamiento por competencias que no le corresponderían”. “Si la reforma de la Ley de Bases quita estos servicios a los ayuntamientos y no se transfiere la financiación necesaria a las comunidades, lo que hoy es cercanía al ciudadano por parte de las entidades locales será lejanía y además se les sumarán más problemas”. 

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