La economía en un sistema capitalista como el que vivimos actualmente no persigue como fin el satisfacer las necesidades de las personas sino la acumulación del valor máximo de las cosas, y en este escenario la vivienda se convierte en una mercancía más destinada a este fin.

Bancos, promotoras y constructoras lucharon y consiguieron crear una burbuja inmobiliaria basada en unas artificiosas hipotecas que colocaron al mercado de alquiler en un segundo plano consiguiendo intervenir en la mente de la ciudadanía española para que ésta llegara a la conclusión de que pagar un alquiler era tirar el dinero, ya que por esa misma cantidad mensual podía adquirir una vivienda en propiedad. 

Elevando el precio del alquiler sustancialmente como se vino haciendo desde las últimas décadas del pasado siglo XX, equiparándolo a una letra mensual que al cabo de un buen número de años nos convertía en propietarios, se había conseguido que los trabajadores fueran un eslabón más en las políticas neoliberales puestas en marcha.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 protegía al inquilino, mantuvo la congelación de las rentas, fijó la prórroga forzosa a favor de éste e impuso la subrogación de contrato a favor de descendientes. 

Con la intención de favorecer los alquileres el decreto Boyer y la LAU del 94 consiguieron solo beneficiar los intereses de los caseros, siendo a partir de aquí cuando los alquileres disminuyen y sus precios se disparan hasta equipararse a las cuotas de los préstamos hipotecarios.

Las cifras de finales del 2012 sitúan la tasa de vivienda en propiedad española en el 83%, mientras que la media europea está por debajo del 70%. Ningún país de la zona euro posee una tasa tan elevada como la nuestra. Austria con el 57%, Alemania el 53% o Suiza con el 44% son los que poseen las tasas más bajas, siendo curioso contemplar que al mismo tiempo cuentan con las tasas más bajas de desempleo.

Hay que señalar que multitud de estudios llevados a cabo demuestran que la vivienda en propiedad desincentiva la búsqueda de empleo, ya que el trabajador no puede permitirse elegir un puesto de trabajo en otra ciudad distinta a la suya.

Mientras en Europa de cada 100 viviendas, 30 son alquiladas por sus habitantes, solo 17 de cada 100 españoles residen en una vivienda que no es de su propiedad en nuestro país.

El precio medio de la vivienda de alquiler en España se sitúa en 695€ mensuales, oscilando entre los 420€ de Ourense y los 1219€ de Madrid, muy por encima del resto de provincias, encontrándose en el siguiente escalafón San Sebastián con 990€.

La ciudad de Madrid duplica el precio medio de alquiler a ciudades como Valencia (630€) y A Coruña (628€), Cádiz, Toledo o Zaragoza, por ejemplo están en torno a los 500€, y otras como Cuenca o Badajoz rondan los 400€.

Decía un conocido sociólogo que “los españoles tenemos algo en el ADN que nos da un apetito insaciable por comprar casas”, pero el problema es que a partir de ahora será prácticamente imposible comprar una vivienda. Ni siquiera la caída del precio de la vivienda en estos últimos años ha podido paliar las desmesuradas subidas de todos estos últimos años.

Desde lo público procede no escatimar esfuerzos en favorecer una política de alquiler acorde con los tiempos que corren, con unos precios asequibles, para que el alquiler se convierta en un estorbo de verdad para la estafa inmobiliaria que se ha venido produciendo en estas últimas décadas.

Fue a principios del siglo XX cuando el diputado republicano Barriobero Herrán propuso como principal medida declarar la vivienda un artículo de primera necesidad, “todo lo que se haga torcidamente por encarecerlo no deja de ser motivo de lucro ilícito y censurable…, hay que declarar comercio ilícito el de la vivienda”.

En su artículo 47 la Constitución Española recoge “el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la obligación de los poderes públicos para hacer efectivo este derecho”, sin embargo en estos últimos tiempos hemos asistido a un maltratado derecho constitucional.

Hoy día no hay mercado inmobiliario porque no hay precios de mercado que puedan servir de referencia. Los alquileres continúan siendo excesivamente altos y la poca vivienda protegida es incapaz de abastecer la demanda, mientras tanto, miles de ciudadanas y ciudadanos carecen de una vivienda digna.

Desde Izquierda Unida pensamos que los gobiernos y los poderes públicos han de fomentar la vivienda de alquiler frente a la vivienda en propiedad liberando a las personas del endeudamiento inmobiliario de por vida y si una administración pública está persuadida de que es el alquiler el principal camino para conseguir la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda de amplias capas de la sociedad, lo primero que tiene que hacer es no promocionar ella misma la cultura de la propiedad.

 

Francisco Nogales

Consejero de IU-LV en la Empresa Municipal de la Vivienda