El 12 de noviembre de 2012 la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo resuelve la de aclaración de sentencia que había solicitado el Ayuntamiento de Madrid a propósito de la dictada por la misma sala el 28 de septiembre, señalando que “no ha lugar” a aclaración alguna. Aquella de septiembre ponía fin a un largo litigio iniciado en 1997 por el ex alcalde de Madrid: Juan Barranco Gallardo quien reclamaba la vuelta a la condición de suelo protegido, de millones de metros cuadrados de suelo reclasificados por el Plan General de 1997 a urbanizable.

Durante estos quince años el consistorio de Madrid no se ha dedicado a otra cosa que eludir el cumplimiento de diversos mandatos jurisdiccionales que le ordenaba hacerlo, huyendo hacia delante con esa prepotencia que ha caracterizado al gobierno municipal durante los más de veinte años que lleva mandando en el Ayuntamiento.

Pues bien, ahora, tiene 72.729.690 m2 de suelo en la más absoluta ilegalidad, con el 72% del suelo urbanizable (con programa o sin él) devuelto a la condición de protegido, pero con cientos o quizás miles, de millones de euros invertidos en la gestión, urbanización y edificación de esos suelos que son tanto públicos como privados. Es decir, el Plan General de 1997 se encuentra prácticamente suspendido y el gobierno municipal no ha dicho ni media palabra sobre ese hecho.

La aclaración de la sala de lo contencioso a la solicitud del Ayuntamiento de Madrid no es otra cosa  que una patada en su trasero, que despacha con dos folios la solicitud de una aclaración que se extiende a veintiocho, y que viene a decir: que si declara nulos determinados acuerdos municipales, tales acuerdos son los que postula el Consistorio en su recurso “ni más, ni menos”

Ni más, ni menos que la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas queda en la más absoluta ilegalidad urbanística con el proyecto de Norman Foster incluido; o el desarrollo del Parque de Valdebebas con licencias concedidas para 4.362 viviendas; o los parques industriales de la Atalayuela o el Salobral; o incluso, el desarrollo de las Instalaciones Militares de Campamento promovidas por el propio Ministerio de Defensa. Por no hablar de Arroyofresno cuyo disparate llega al absurdo de declararlo suelo protegido a una porción que nunca lo fue, y que solo la ineptitud del Ayuntamiento de Madrid ante los tribunales le ha impedido aclarar ante ellos esta circunstancia, que además, para mayor vergüenza le comprometen directamente, pues se trata del mayor de los propietarios de suelo de una de los dos unidades de ejecución en la que se divide el sector.

Ante estas circunstancias y con carácter previo habría que exigir la dimisión de cuantos responsables políticos han participado de este desaguisado, desde la Concejala Delegada del Área hasta el último de los Directores Generales, que han convertido Madrid en un municipio “costasoleño” En segundo lugar, hay que señalar el Ayuntamiento ha dejado a los privados en la más absoluta soledad, pues están siendo ellos quienes están solicitando la personación en la causa, dado que nunca fueron informados de las circunstancias, y parece que es solo a ellos a quienes interesa directamente la sentencia, en su condición de terceros afectados por los errores municipales, en este sentido cabe señalar que las Juntas de Compensación de Valdebebas, Valdecarros  y Arroyofresno (UE 1) han solicitado esa personación.

Por último, y dado que la sentencia es inejecutable en una buena parte, hay que deslindar las situaciones en las que resulta así, de aquellas otras que no lo son. Para ello consideramos imprescindible el abandono de toda revisión del plan general de ordenación urbana en su actual formato, con sus mesas sectoriales de participación incluidas que parecen terapias colectivas para grupos desestructurados, y  dedicarse con todos los efectivos municipales tanto materiales como humanos a la modificación del Plan General que ponga blanco sobre negro la sentencia del tribunal supremo, para procurar con ello la certidumbre y el sosiego de aquellos agentes públicos y privados que habiendo adquirido derechos se encuentran sumidos en la profunda desorientación que la actuación municipal ha provocado.